La Autonomía Universitaria obedece a una concepción no defensiva, sino afirmativa de derechos sociales: Ibarra

Córdoba, Argentina, 19 de junio de 2018

Repensar la autonomía universitaria en América Latina y su legado a las universidades públicas como eje rector de su gobernanza y su relación con los poderes públicos fue el tema que se discutió durante la mesa “La autonomía universitaria en América Latina y el Caribe”, la cual se llevó a cabo en el marco de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018) el pasado 12 de junio en la Universidad Nacional de Córdoba.

En la mesa, coordinada por Adolfo Stubrin, secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, participó el doctor Antonio Ibarra, coordinador académico de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), quien destacó que el Movimiento Universitario de Córdoba fue una batalla cultural de contenido puramente emancipatorio que provocó una reforma no de corto plazo, sino un piso de transformaciones que la universidad latinoamericana fue adquiriendo a lo largo del siglo XX.

“Hoy la autonomía universitaria obedece a una concepción no defensiva sino afirmativa de derechos sociales, valores universitarios y prácticas democráticas de gestión y gobierno.”

Ibarra destacó que la educación superior es un bien público y social y un derecho que deviene una herramienta de igualación social, ya que las universidades no son ajenas al desarrollo social. “La autonomía juega un papel esencial porque protege su libertad de pensamiento e intervención social, características que son sus activos fundamentales; asimismo, la defiende de prácticas normalizadoras que tienden a desvincularla de su entorno social”, afirmó.

Por otro lado, las universidades son vulneradas en su autonomía de diversa forma, principalmente cuando hay restricciones al financiamiento público y procesos de mercantilización del conocimiento; limitaciones a las opiniones críticas, deterioro de las condiciones de enseñanza, o incluso cuando son sometidas a estándares de validación del conocimiento que no son contextuados y que no reconocen su pertinencia social. “Que las universidades estén cómodamente relacionadas con la sociedad para que generen conocimientos”, destacó el también académico de la UNAM.

En el ámbito del mercado de la educación superior, este busca que la producción de conocimiento y el aprendizaje sirvan para el trabajo, mas no para generar valores sociales, ya que para la universidad es imprescindible preservar el pensamiento crítico. Otro de los grandes problemas es el tema de la mercantilización de la educación; no en la existencia de universidades privadas, sobre la cual se tiene que generar “un nuevo pacto”, sino en dejar de mirar a las universidades públicas como ineficientes.

Finalmente, Ibarra aseveró que la autonomía, entendida también como responsabilidad social universitaria, no solo es propia de la educación pública sino también de la privada, la cual detenta un enorme compromiso con sus sociedades: “la medida de la autonomía está impuesta en cumplir con el deber de la educación para la libertad, con una vocación humanista, atendiendo a un sentido de justicia y equidad social”, concluyó.

“La autonomía se defiende preservando los valores universitarios en la enseñanza, producción científica y su vinculación social; ejerciéndola frente a criterios de evaluación de los sistemas clasificatorios (rankings), defendiendo el presupuesto para la educación pública y promoviendo el gasto privado a favor de una matrícula social universitaria.”

En la mesa de debate también participaron Carlos Hernando Forero Robayo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN); Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), México y Claudio Suasnábar, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Durante su intervención, Valls Esponda destacó que “A cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba, siguen vigentes sus postulados para la educación superior en América Latina y el Caribe, que se resumen en democratización y autonomía universitaria”.

El representante de las casas de estudio de México exhortó a orientar los esfuerzos para reconstruir un nuevo concepto de “autonomía regional”, que dé rumbo y orden a la educación superior, la ciencia, tecnología e innovación, para facilitar el tránsito hacia la sociedad latinoamericana y caribeña del conocimiento. Finalmente, subrayó que la autonomía universitaria en México y en el mundo es una conquista social irreversible y constituye una protección especial para resguardarlas de intereses externos, lo que les permite cumplir con sus fines.

Luis Fernando Rodríguez y Cecilia Cruz

Fotografía: Naomi Fuentes

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